Ángel Iturralde / Inversión Turística
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística, al considerar que la protección de este patrimonio es de interés público y social lo que tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada.
Con ello, la empresa deberá retirar esa simbología de su publicidad y de su sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo que mantiene con integrantes de la comunidad maya y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
En este contexto, la Secretaría de Cultura celebró la decisión de la SCJN, que resolvió el día de hoy, jueves 26 de marzo de 2026, “a favor de la protección del patrimonio cultural del Pueblo Maya, con el fin de que se apliquen de nueva cuenta las acciones dictadas por el Indautor para evitar su uso comercial indebido”.
Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura señaló que “esta resolución representa un paso relevante en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque reafirma que su patrimonio cultural no puede ser tratado como un recurso disponible para intereses privados, sino como una expresión viva de su identidad, su historia y su vida comunitaria”.
El caso se originó a partir de una queja presentada ante INDAUTOR por el uso inapropiado de elementos del patrimonio cultural maya en la promoción de servicios turísticos de una empresa.
Como parte de tal procedimiento, se dictaron medidas para ordenar el retiro de materiales promocionales y contenidos en internet en los que se utilizaran elementos del patrimonio cultural maya, así como para frenar su aprovechamiento comercial mientras se resolvía el asunto.
De forma posterior, un juez concedió una suspensión definitiva que frenó provisionalmente dichas medidas, lo que permitió que continuara la difusión pública de símbolos, imágenes y otros elementos del patrimonio cultural maya.
Cabe destacar que la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió la suspensión a favor de Xcaret, al sostener que la empresa contaba con autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo (GCM) mediante un contrato por cinco años y una contraprestación de 15 millones de pesos para el uso y aprovechamiento del patrimonio cultural maya, “acredita la apariencia del buen derecho sin afectar a la colectividad”, aseguró.
En tanto, la ministra María Estela Ríos González, sostuvo que el contrato de Xcaret con el GCM no acredita el consentimiento de todo el pueblo maya —integrado por mil 21 comunidades en Campeche, Quintana Roo y Yucatán—, aunque aclaró que no se cuestiona la legitimidad del Consejo.
Además, justificó que su propuesta se basa en el artículo 2 constitucional y en estándares internacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio e identidad, y tras escuchar a todos los interesados, desde la empresa, el GCM, al Indautor y hasta al gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama.
La propuesta fue aplaudida por otros togados, como Loretta Ortiz Ahlf, quien dijo: “La felicito por su proyecto, porque necesitó valentía para presentarlo. Es un asunto en el que fue muy —eso es lo que su servidora considera— muy presionada”.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, también reconoció el proyecto, y coincidió que el contrato de transición no fue suficiente para que la empresa lucre con dichos elementos culturales.
“Ese es el punto porque el estándar legal y constitucional dice que los pueblos y comunidades, que son titulares de su patrimonio cultural, solamente pueden otorgar su consentimiento vía un procedimiento de consulta previa libre e informada, es decir, aún existiendo el contrato, ese contrato tendría que haberse sometido a una consulta previa, libre e informada”, dijo.
Asimismo, cuestionó que, pese a tratarse únicamente de una medida cautelar, el Pleno se adelanta a prejuzgar el fondo del litigio e invalida de facto dicho convenio. Advirtió que retirar la publicidad impactaría de inmediato a la empresa y pondría en riesgo la materia del juicio, mientras que mantenerla no genera un daño concreto.
Por su parte, Grupo Xcaret señaló que la empresa reitera su respeto a la determinación de las autoridades competentes que se dará en cuanto se emita la resolución definitiva después de su proceso de engrose correspondiente.
“Grupo Xcaret, fiel a su espíritu de apego a la legalidad, continuará los procesos jurídicos pertinentes hasta llegar a la definición final de la controversia en curso. Como empresa mexicana, reafirma su compromiso social con México y su convicción de seguir trabajando de la mano de las comunidades mayas y sus representantes tradicionales desde el respeto, el diálogo y la colaboración”, informó en un comunicado.
Aseguró que la resolución no afecta la operación, ni la experiencia de sus visitantes y huéspedes.
